El negocio de los setenta

Agustin LajeCuanta coincidencia vemos reflejada con nuestros tiempos en la vieja “Ley de Murphy” que recomendaba que “Si no puedes convencerlos, confúndelos”. ¡Y cuánto nos han confundido!Comenzaron con juicios inconstitucionales; continuaron con la teoría de los dos demonios; luego la redujeron a uno solo, para después, bonificar, llenar y rellenar los bolsillos de aquel “demonio” que mágicamente fue abolido de la famosa teoría.

Tenemos que admitirlo. Su visión para los negocios, ha sido sencillamente deslumbrante.
Las Madres de Playa de mayo, ya por 1986 aseguraban sus bolsillos afirmando que “No aceptamos la entrega de los cadáveres por que eso significa cerrar el problema de los desaparecidos”(1)

“Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas” postulaba Demóstenes, reconocido político ateniense.

Y así fue. El ex montonero Ernesto Jauretche junto a otros terroristas residuales iniciaron su insistente campaña para asegurar la buena vida de los familiares de sus compañeros guerrilleros desaparecidos.
Bajo esta presión, el gobierno nacional en la década del `90 dicta las leyes 24.441 y 25.914, destinadas a indemnizar a los familiares de desaparecidos, y a sus hijos, respectivamente.

Indemnizar a las familias de caídos en la guerra revolucionaria, podría llegar a resultar admisible, si se tratara de un proyecto con propósitos de expresa buena fe, si beneficiara a todas las víctimas de la contienda armada, y si el país contara con abultados fondos que permitieran darnos el lujo de derrochar dinero en leyes repartitorias.

Ninguna de las tres condiciones son cumplidas. El país no tiene dinero; las indemnizaciones sólo contemplan a familiares de terroristas; y los artículos que rigen estas leyes, brindan un claro panorama del verdadero objetivo de estas: hacer del dolor un negocio.

Artículo 5: “En caso de aparición de las personas, se deberá comunicar esta circunstancia al juez competente, pero no habrá obligación de reintegrar el beneficio si ya hubiera sido obtenido”.

Leyó bien. Aunque luego se demuestre que todo fue una farsa, la plata ya fue cobrada y no será devuelta. Los estafados somos todos, pues la indemnización en definitiva, sale de nuestro bolsillo.

Ahora bien, sería lógico que, habiendo dinero de por medio, las pruebas presentadas por los familiares del desaparecido debieran ser inexpugnables. Sin embargo, el artículo sexto expone que “En caso de duda sobre el otorgamiento de la indemnización prevista por esta ley, deberá estarse a lo que sea más favorable al beneficiario o a sus causahabientes o herederos, conforme al principio de buena fe”.

Comprendido esto, cabe preguntarse ¿Cuánto dinero de mis impuestos fue destinado al negocio del setentismo?

El día 13 de abril del corriente año, el Dr. José D´Angello presentó un pedido por escrito a la Secretaría de Finanzas, requiriendo el listado completo de aquellas personas que hubieran cobrado las indemnizaciones previstas en las llamadas “leyes repartitorias” 21.411 (muertos o desaparecidos) y 24.043 (detenidos con anterioridad de 1983).

Luego de tres meses, se le comunicó que no era posible darle un listado de los beneficiarios, pero informaban que los fondos destinados a la ley 24.411 asciende en valores nominales a “$ 293.127.447 y U$S 984.943.442, mientras que los de la ley 24.043 ascienden en valores nominales a $ 43.038.156 y U$S 605.833.771”.(2)

La madre del jerarca montonero Fernando Vaca Narvaja, Susana Yofre de Vaca Narvaja, al ver que podía acrecentar el capital familiar, inicia su campaña solicitando indemnizaciones para exiliados de la “dictadura”. Lo particular del caso es que la citada, “perdió a un hijo en 1975 (pleno gobierno constitucional); a su marido el 10 de marzo de 1976 (pleno gobierno constitucional), la familia se refugió en la embajada de México el 23 de marzo de 1976 (pleno gobierno constitucional) y Susana Yofre reconoció al diario La Nación haber regresado al país en 1982 (pleno gobierno cívico-militar)”(3)

Frente a la tratativa de leyes para indemnizar a exiliados, La Nación afirmaba que “El fallo podría costarle al Estado centenares de millones de pesos…”.(4) Aclarando números, el citado diario informa que “La indemnización fijada para esos casos es de 74,66 pesos por cada día de detención, lo que ahora se extenderá a los días en el exilio. Así, quien vivió fuera del país entre marzo de 1976 y diciembre de 1983 podrá reclamar cerca de 210.000 pesos”.(5)

¡Con tan sólo 2000 terroristas exiliados que se presenten con las manos abiertas, el Estado debería alzarse con 420 millones de pesos!

El negocio no se limita a familiares de desaparecidos, exiliados y/o detenidos. El dinero empezó a llegar también a los mismos terroristas que se alzaron en armas contra las instituciones de su propio país, a modo de congratular sus aberrantes actos de irracional violencia contra militares, empresarios, periodistas, profesores, pensadores, políticos, sindicalistas y hasta indefensos niños. Vale la pena citar el caso del montonero Julio Urien , quien fuera premiado hace no mucho tiempo por Kirchner con 500 millones de pesos y un relevante cargo en el gobierno, por haberse infiltrado en la marina y desde allí funcionar como espía del terrorismo montonero, asesinando a un militar por la espalda.

Ser un implacable defensor de los Derechos Humanos (de los terroristas, por supuesto), podría abrirle las puertas de una verdadera “mina de oro”, colocándolo en condiciones económicas más que envidiables y dándole la oportunidad de conocer el extranjero (volando en primera clase, obviamente).

¿No me cree? Pues lea esto, y si está necesitando dinero extra, ¡manos a la obra!

“El Estado Nacional ha entregado la suma de $ 1.410.000 para ser destinada en carácter de aporte no reintegrable a la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo y la suma de $ 1.680.000 para ser destinada, en el mismo carácter, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo”.(6)

La suma que la Nación entregó a la aduladora de Fidel Castro, Hugo Chavez y la mismísima ETA, Hebe de Bonafini, representa una cifra menor, una suerte de “vuelto” para su organización reivindicadora del más inhumano terror.
“Fueron muchas las concesiones que consiguió de las autoridades nacionales Bonafini. Su fundación maneja fondos por más de 40 millones de pesos salidos de las arcas públicas.”(7)

Omitiendo algunos casos más con el objeto de no pecar de extenso, podemos afirmar y reafirmar que se ha hecho de los setenta, un negocio multimillonario, con una amplia gama de posibilidades y beneficios.

Toda persona tiene derecho a sentir dolor por la muerte de un familiar, ya sea este terrorista, militar o un simple civil ajeno a la guerra que padecimos. Lo que no hay derecho es que unos de ellos se agarren de ese dolor, para estafar al Estado y a sus ciudadanos.

Citas:

(1) Márquez Nicolás, “La mentira oficial”, Edición del autor, Pág 283

(2) Revista B1, Año II, Nº6, Pág. 7

(3) Márquez Nicolás, “La mentira oficial”, Edición del autor, Pág 283

(4) La Nación, 15/10/04, Sección Política

(5) La Nación, 15/10/04, Sección Política

(6) Ley de Presupuesto 2007, Artículo 81

(7) La Nación, 21/11/07

Autor: Agustín Laje Arrigoni

Fuente:La Historia Paralela

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