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Bolivia – Una bala perdida

Posted by Ramiro Duran en octubre 4, 2007

centa reckEsta ha sido la conclusión de las primeras y precipitadas investigaciones ante la muerte de un manifestante por un conflicto suscitado entre normalistas y el gobierno en el municipio de Arani. Nos llama la atención que en este caso la respuesta haya sido tan rápida y contundente, mucho más si en el crimen de Christian Urresty, ocurrida en Cochabamba en Enero del presente año, hasta ahora no se han descubierto los culpables, al punto que el caso ha sido cerrado por la fiscalía por falta de “pruebas”.Quizás estas diferencias obedezcan a que en el conflicto que suscito la muerte del joven de apenas 17 años en manos de una turba alcoholizada y pijchada, no hubo la posibilidad de acusar del suceso a un “infiltrado”, para quitar al gobierno su responsabilidad en estos conflictos, caracterizados por el uso irrestricto de la violencia.
Los primeros comunicados emitidos por fuentes del gobierno dicen que: “no fue ni la policía ni las FFAA, los causantes del asesinato del normalista, sino que el poder Ejecutivo presume que la bala vino de un “infiltrado”; aclarando que deducen esto debido a que el informe médico forense no establece el tipo de calibre del arma de fuego ni la presencia del proyectil. ¿Será que permitirán en este caso una autopsia de ley sin negarla como en el caso de Tica Colque, con el que se trató de distraer la atención por el cruel asesinato de Christian Urresty?

Recordemos que los estudios realizados establecieron que Tica Colque había muerto un día antes, a causa de resbalar de una escalera en el ejercicio de su trabajo de albañil. A continuación los cocaleros le dieron un tiro después de muerto y lo llevaron a la plaza de Cochabamba paseándolo como un trofeo para tapar el sanguinario crimen del joven Urresty; luego no permitieron bajo ningún concepto que se le practique una autopsia.

En la presente muerte del normalista Osmar Flores, el servicio de “inteligencia” del gobierno, tratando de librarse rápidamente de la posible culpa ha dictaminado:”El informe médico forense, que es la única pieza documental que tenemos hoy, no establece siquiera el tipo de calibre ni tampoco ha encontrado la bala, y menos diríamos de guerra. Entonces una de las hipótesis que se maneja es que hubo gente infiltrada”, señaló el ministro de Defensa, Walker San Miguel.

Luego, al igual que en anteriores ocasiones, añadió que la responsabilidad de los hechos en las manifestaciones del último viernes en Arani tiene una intencionalidad política, ya que se pudo evidenciar la participación del sub prefecto de esa región, Hamer Rojas Zerda, quien instigaba a la toma de las válvulas del ducto petrolero.
¿Y en los hechos de Enero en Cochabamba no hubo intencionalidad política?, puesto que estos contaron con la participación activa de la Ministra de Justicia Celima Torrico y la senadora del MAS Leonilda Zurita, quien repartía alimentos.

También azuzaban la protesta el Ministro de Educación Victor Cáceres, el ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos Federico Pinaya, el consejero departamental del MAS René Rocabado, entre otros ministro y operadores políticos.

Resulta que Gonzalo Sánches de Lozada no había sido el único presidente que impuso la ley del gatillo en este país, aunque estamos intrigados por tratar de comprender el motivo por el que algunos ex presidentes pueden ser llamados genocidas por las mismas acciones que otros ahora consideran “acciones que resguardan la seguridad del Estado”. No entendemos porque el embudo de la ley puede ser ancho para algunos y angosto para otros, a menos que estemos frente a los que hacen las leyes para su propio uso, abuso y beneficio irrestricto, lo cual en la verdadera acepción del concepto sería conocido como una tiranía o poder dictatorial.

Resulta que el ministro San Miguel, ahora nos anuncia que el 31 de agosto de este año, el gobierno de Evo Morales ha dictado un decreto en el que dispone “que toda persona que promueva la interrupción de actividades contra la seguridad del funcionamiento de los servicios públicos, agua, luz, sustancias energéticas, será pasible a sanciones estipuladas en el Código Penal. Pero sabemos que esta es una norma jurídica vigente dentro de la seguridad pública y ciudadana, y que el actual presidente Evo Morales infringió y sigue haciéndolo hasta el cansancio, bloqueando carreteras y sitiando ciudades aún en pleno ejercicio de gobierno.

Si recordamos algunos de estos episodios para que la memoria no comience a borrarsénos ante el electroshock del poder, existe un terrible suceso ocurrido en el Chapare en el año 2000, cuando los cocaleros que estaban comandados por Evo Morales, asesinaron y torturaron a los esposos Andrade, época en la que también hubieron reiterados atentados y desaparecidos entre las filas de los militares encargados de la lucha contra el narcotráfico.

En el luctuoso suceso que mencionamos una testigo, Nancy Fernandez, declaró que las víctimas habían sido llevadas antes de su asesinato a comparecer ante la presencia de Evo Morales y de la hoy constituyente Margarita Terán, quienes pidieron a los cocaleros que hicieran “desaparecer” a los rehenes. La testigo relató como fueron torturados y asesinados los esposos: “Luego de pegarla, las mujeres se salieron y entraron los hombres y empezaron a golpear a la chica (Graciela Alfaro) y después empezaron a violarla.

Yo vi cuando mi tio Crisóstomo Rodríguez se subió encima de ella a la fuerza y la violó mientras que los otros le agarraban sus piernas y manos”. ” El teniente se puso a llorar y ni aún así no le han hecho caso y seguían pegándole a patadas y puñetes, le pegaron hasta que estaba sin fuerzas para defenderse y mientras a su esposa la seguían violando”, relató en su declaración la testigo. “Mataron al teniente a machetazos a la orilla de río, la esposa clamaba piedad y en respuesta le cortaron los senos mientras ella rogaba que no le hagan”, contó en su espeluznante relato Nancy Fernández.

Es un relato que estremece hasta la fibra más íntima de nuestro ser, pero en el presente, los candidatos a Nóbeles y no tan nóveles de la violencia, vuelven a justificar sus acciones en un país saturado de agresividad, de desgarramientos, de terror, y subido al carro de una violencia que no se esfuerzan por detener.

¿Dónde están los que piden paz, pero avalan, callan y guardan un silencio cómplice frente a estos hechos que no deben ser olvidados? En este mundo al revés, muchos se erigen como falsos profetas de la paz, papel que sólo sirve para desarmar y desproteger a los que han sido identificados como las nuevas víctimas de la concentración del poder y de esta nueva forma de violencia de Estado, que trata de justificar las mismas violaciones y crímenes que ahora se tratan de ejercer sobre otros, sobre otros hombres y mujeres que existen, que son bolivianos, que son ciudadanos de este país y del mundo que se ha acostumbrado a aplaudir los genocidios para luego condenarlos.

Autor: Centa Reck

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