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Siniestra prueba de laboratorio

Posted by Ramiro Duran en marzo 1, 2006

Roberto CachanoskyLa justicia y la moral argentinas juzgan los hechos y derechos en base a si uno está o no de acuerdo con el gobierno. Éste era el mecanismo en el que se basaban las monarquías: el rey era la ley. En nuestro país se mantiene una división de poderes formal, pero en la práctica existe una concentración de poder propia de las antiguas monarquías.

Y pensar que el señor Carlos “Chacho” Álvarez, actual funcionario del gobierno de Kirchner, renunció a la vicepresidencia de la Nación porque sus principios morales no le permitían formar parte de un gobierno que, según las denuncias, había intentado, con fondos reservados de la SIDE, “comprar” la voluntad de algunos senadores para conseguir una modificación de la legislación laboral. Ese hecho fue un escándalo que mereció la condena de todo el arco político y de los medios de comunicación.

Ahora bien, pareciera ser que “comprar” voluntades no es bueno ni malo en sí mismo, sino que todo depende de la caja que se use y quién lo haga. Por ejemplo, conseguir voluntades para que varios diputados apoyen la reforma del Consejo de la Magistratura no es moralmente reprochable, y mucho menos un delito, si quien lo hace dice estar luchando contra las corporaciones y la “banelco” se usa bajo el formato de apoyo en obras públicas. Además, uno no va a ser tan estúpido de creer que las personas no pueden cambiar de opinión y de bando político. Lo único que sorprende es la rapidez con que se expandió esta epidemia de cambios generada por el virus de la “borocotización” aguda de las últimas semanas. Probablemente este virus pueda combatirse a puro billetazo, pero desde otro ángulo político. Eso sí, seguramente un remedio de este tipo iría en contra de la moral pública porque todo depende de quien use la “banelco”.

Este relativismo moral también queda en evidencia con el nombramiento del piquetero D’Elía en un cargo público, porque, nuevamente, si alguien decide tomar una comisaría no es bueno ni malo en sí mismo, todo depende de quién lo haga. Si se hace en contra del gobierno de turno, es condenable. Si quien lo hace es un acérrimo defensor del gobierno de turno, tiene como premio una subsecretaría con poder para manejar fondos públicos. Porque, finalmente, ¿para qué está el contribuyente, sino es para ser esquilmado a puro impuestazo para darle vida a las cajas que obran milagros?

La Argentina es así. Un terrorista confeso puede estar sentado en una banca de diputados e impugnar moralmente a un ex policía ya que, a fin de cuentas, que un terrorista haya recurrido a las armas para tomar el poder por la fuerza no es malo si el hombre proviene de la izquierda. Eso tiene buena prensa. Lo mismo ocurre con las declaraciones. Si un sacerdote condena al terrorismo de los 70 merece el escarnio público; si Hebe de Bonafini dice públicamente que hay que reivindicar el uso de las armas por parte de los terroristas, todos tenemos que sentirnos hijos de una mujer que destila odio y violencia por donde se la mire. Y si la mujer de un militar comete la osadía de expresar sus ideas, el marido es pasado a retiro por no oponerse públicamente al pensamiento de su mujer.

Es fácil darse cuenta de que el principio de justicia en la Argentina se ha limitado a definir los derechos en base a si uno está o no de acuerdo con el gobierno. Es moralmente correcto defender todo lo que hace el gobierno. Es inmoral cuestionar cualquier acto del gobierno.

Como éste es el nuevo principio de justicia que rige en Argentina, con la reforma del Consejo de la Magistratura es muy sencillo imaginar cómo pueden llegar a actuar los jueces de ahora en más. ¿Cuál es el antecedente que los jueces tienen que tener en cuenta antes de emitir sus fallos? Que dos jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron juzgados y separados de sus cargos por sus fallos. Esto quiere decir que no importa si el tipo es un delincuente en su cargo, lo realmente importante es si falla de acuerdo al paladar del gobierno de turno. El principio general es el siguiente: si el hombre es honesto pero emite un fallo diferente al gusto del gobierno, puede darse por despedido; si el hombre es deshonesto pero falla de acuerdo al paladar del gobierno de turno, puede dormir tranquilo.

En realidad no hay nada nuevo bajo el sol porque éste era el mecanismo que utilizaban los monarcas contra los que lucharon los liberales. La ley era el monarca. Él decidía sobre la vida y la fortuna de las personas y no había parlamento que lo controlara ni justicia que le pusiera límites. El tipo hacía lo que se le cantaba porque tenía el monopolio de la fuerza y cobraba impuestos como se le daba la gana. Y si los súbditos se les ponían rebeldes, los mandaba a descuartizar o bien podía llegar a utilizar la caja para calmar la ira popular. Justamente el liberalismo fue la lucha contra esa arbitrariedad a que se sometía a la gente. Los liberales lucharon para limitar el poder del Estado. Para que la gente fuera libre en serio.

¿En qué ha caído la Argentina? En una división de poderes en los formal, mientras que en los hechos se ha producido una concentración de poder propia de las antiguas monarquías. El Congreso está fuertemente “borocotizado” y la justicia ha pasado a estar “controlada” por el Poder Ejecutivo. Es decir, mientras el mundo sigue avanzando, creciendo y consolidando el Estado de Derecho, nosotros retrocedimos más de 200 años desde el punto de vista institucional. La lucha contra el liberalismo es total. Ya no se limita a mercado libre sí o no, ahora están en juego los derechos civiles más elementales.

El gran interrogante es si un sistema institucional al estilo de las monarquías absolutistas o similar al de las dictaduras fascistas, nazis o stalinistas genera las condiciones necesarias para captar inversiones, crecer y ofrecerle a la población un mayor nivel de vida. En otras palabras, el debate sobre cuál es el mejor modelo para un país ya no pasa por keynesianismo o socialismo vs. liberalismo. Ahora el debate es si la democracia republicana liberal tiene que ser reemplazada por un sistema de poder unipersonal por el cual el que tiene la mayor cantidad de votos y maneja los fondos públicos puede disponer a su antojo de la vida y las fortunas de las personas. Lo único que falta ver son los resultados.

Lástima que sea la Argentina el lugar de tan siniestra prueba de laboratorio.

Autor:Roberto Cachanosky

Fuente:www.economiaparatodos.com.ar

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